La constructora brasileña Odebrecht, ahora “Novonor”, a pesar de haberse comprometido a pagar US$184 millones en 8 años, solo ha saldado US$60 millones entre 2017 y 2018, producto del acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República, por los sobornos que admitió pagar a cambio de contratos de obras públicas.
En el acuerdo de lenidad firmado por el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez y Odebrecht, en 2017, la empresa brasileña se comprometió a colaborar con la Justicia y resarcir al Estado dominicano con US$184 millones, en virtud de los sobornos que admitió haber pagado en República Dominicana, ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Dicho monto sería desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de US$30 millones, empero dicho pago no ha seguido y la constructora pretendía que la deuda con el Estado dominicano “fuera tratada como crédito normal”, tras entrar en un proceso de declaratoria de quiebra, informó el Ministerio Público.
Justamente sobre el monto restante de la deuda, la empresa brasileña indicó que “la suma restante (124 millones de dólares), bajo el Acuerdo, se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de reestructuración financiera judicial que cursa la empresa en Brasil.
Odebrecht se comprometió a un pago indemnizatorio el doble de la suma de US$92 millones que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país, cantidad que fue negociada tomando como referencia la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”. A parte del pago del dinero, Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría información relevante y precisa conducente a identificar los sobornados, así como el contexto y las circunstancias en que se pagaron, según el acuerdo homologado por los tribunales.
El contenido del acuerdo está protegido por la confidencialidad establecida en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano.
El caso Odebrecht, que culminó hace un año con la absolución de cuatro de los implicados y dos condenas de 8 y 5 años de cárcel, está en apelación y no incluyó ningún codinome que arrojara luz sobre sobornados.