Un imputado en el entramado de corrupción administrativa denominado Coral 5G, anunció este lunes el desapoderamiento de su defensa.
Se trata del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez, quien ante la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dijo que no tenía abogado, por lo que la magistrada le otorgó un plazo no mayor de 48 horas para que presente su nueva defensa o de lo contrario se le adjudicaría un defensor público.
La jueza Yanibet Rivas, postergó la audiencia preliminar para el próximo viernes a los fines que el encartado solucione la situación.
Pérez, quien era representado por el abogado Zacarías Payano, quien no se presentó en la celebración del día hoy.
La audiencia preliminar que se encuentra en la etapa de refutaciones de las defensas ante la acusación instrumentada por el Ministerio Público, está llegando a su fase final del proceso de las pruebas.
El imputado supuestamente devolvió parte de los bienes al órgano persecutor que supera más de mil millones de pesos, según había dicho su antigua defensa.
Anteriormente había explicado que su cliente ha devuelto esos bienes, siendo ese el 50 por ciento de su patrimonio actual de la empresa MJ3B, cuya empresa incluía grandes cantidades de terrenos en distintas zonas del país.
Payano había aclarado en aquella ocasión, que quien era socia era la esposa del militar de la empresa, tenía el 50 por ciento de las acciones y devolvió todo lo que le correspondía, pero no está imputada en el caso de corrupción administrativa que operó en cuerpo castrense del país.
Se recuerda que el entramado de corrupción administrativa que supuestamente operó en cuerpo castrense del país distrajo del Estado dominicano aproximadamente más de 4 mil millones de pesos en dinero y más de dos mil millones en propiedades.
El Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas, 30 físicas y 18 personas jurídicas.
La red de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), última institución no señalada en la acusación del órgano persecutor.