Tras más de una hora, la defensa técnica de Gonzalo Castillo, exaspirante a la Presidencia del este país por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y uno de los principales acusados en la operación Calamar, finalizó la presentación de sus arraigos y presupuestos en busca de evitar que la jueza Kenya Romero imponga prisión preventiva a su defendido.
Al salir de la audiencia, donde la jueza Romero otorgó 15 minutos de receso, Laura Acosta, quien es una de las abogadas de Castillo, cuestionó que si el móvil del entramado de supuesta corrupción era el financiar campaña de su defendido, porqué se pagaron y realizaron expropiaciones antes de él ser candidato y luego de perder elecciones y hasta incluso en este gobierno.
En ese sentido, la defensa del exministro de Obras Públicas pidió libertad pura y simple por entender que en el expediente que supera las dos mil páginas no hay elementos para que el exfuncionario sea enviado a cumplir prisión preventiva y otra medida de coerción.
Laura Acosta afirma que un testigo del Ministerio Público quiere «tirar» encima de su cliente todo el dinero que esa persona reconoce que «cogió».
Asimismo, dijo que Castillo llegó a la administración pública con deudas por cuarenta millones de dólares y salió con un pasivo de cinco mil millones de pesos.