Ángel Lockward admitió parte de las imputaciones en su contra en el denominado caso Calmar y se dispuso a colaborar con el Ministerio Público, de acuerdo a sus abogados.
Luego de las declaraciones de Lockward en la audiencia, el órgano persecutor cambió la petición ante el tribunal de prisión preventiva a prisión domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida del país.
Ángel Lockward, uno de los principales imputados en la operación Calamar, se le acusa de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.
De acuerdo al documento acusatorio depositado por el Ministerio Público, Lockward también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con este hecho incurrir en lavado de activos y financiero ilícito de campañas, entre otros delitos.
En el documento se afirmó que Lockward y Mejía Ávila se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, otro imputado, ofertándole gestionar un pago irregular a través de la estructura criminal.
Asimismo, que en la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la supuesta estructura criminal del exministro de Hacienda Donald Guerrero, utilizando la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de RD$296,637,125 y, a nombre de Mejía Ávila, RD$9,394,526.
Mejía Ávila está relacionado también en el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito más 55 millones de pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.
El Ministerio Público depositó la noche de este lunes, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, a los que acusa de ser parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados, incluyendo tres exministros, en el caso de corrupción y financiamiento ilegal de campana en el caso bautizado como «Calamar».
También solicitó que el caso fuera declarado complejo, lo cual le daría un plazo de 18 meses para completar la acusación contra los eventuales imputados.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
