En un importante paso hacia la transparencia democrática y el respeto de los derechos fundamentales, la Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República han suscrito un acuerdo de cooperación. El convenio busca asegurar el derecho al voto de los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal, a partir de las elecciones del 2024.
En virtud de este acuerdo, el Ministerio Público y la JCE se comprometen mutuamente a desplegar sus mejores esfuerzos para garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios que se encuentren en condición preventiva. Se espera que este proceso se lleve a cabo de manera progresiva, respetando los derechos civiles y políticos de aquellos cuyos derechos no estén suspendidos, tal como lo establece la Ley.
La firma de este convenio, realizada en presencia de los miembros del Pleno de la JCE y otras autoridades, marca un hito en la garantía de los derechos de los privados de libertad. El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, calificó el acuerdo como un paso histórico hacia la transparencia y la efectividad de los derechos ciudadanos.
Una de las medidas contempladas en el convenio es el uso de la biometría para la identificación de los reclusos, lo cual permitirá que aquellos que se encuentren en condición preventiva puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2024, al igual que sucede en otros países. Además, el acuerdo también contribuirá a depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a aquellas personas que hayan sido condenadas de manera definitiva e irrevocable.
La procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia de este convenio, ya que reconoce los derechos consagrados en la Constitución a favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. Germán Brito resaltó que el derecho al voto ha sido históricamente excluyente y que este acuerdo permitirá que los privados de libertad puedan hacer valer su opinión y esperanza en el proceso electoral.
El convenio establece que la JCE brindará apoyo a la Procuraduría General de la República para el empadronamiento y la actualización de la información biométrica en los centros de reclusión. Además, se facilitará el uso del sistema multibiométrico de la Junta para la consulta e identificación de las personas.
Con este importante acuerdo, se espera que el Ministerio Público remita al órgano electoral las sentencias condenatorias a penas criminales irrevocables y cualquier información relevante que amerite la cancelación de cédulas de identidad. Asimismo, se subraya el papel crucial de la JCE como custodia y depositaria del registro civil y la acreditación de la identidad de las personas a través de los documentos correspondientes.
Este acuerdo representa un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia y la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso electoral. La colaboración entre la JCE y la Procuraduría General de la República promete garantizar el derecho al voto de los privados de libertad en condiciones preventivas, brindando una oportunidad para que expresen su voluntad y participen activamente en la vida política del país.
