La estructura criminal de trata de inmigrantes haitianos, integrada por militares y civiles trasladaba a los extranjeros de a poco, y eran alojados en una especie de cuartería, ubicada en la comunidad de Copey y Gozuela, Montecristi.
Así consta en la solicitud de medida de coerción que establece que cada ciudadano haitiano pagaba a los miembros de la organización criminal desde RD$4,000 a RD$8,000 para ser cruzados a territorio dominicano por la zona del río Masacre.
Los ciudadanos haitianos eran trasladados a las residencias donde residen los cabecillas de estructura criminal, Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, utilizaban a motoconcho y transporte de las rutas del sindicato Dajabón- Las Matas de Santa Cruz.
Estos pasaban por una finca propiedad de un ciudadano solo identificado como Goyito, ubicada en el municipio de Pepillo Salcedo (Manzanillo), provincia Montecristi, a pocos metros del puesto denominado Masacre, del Ejército de la República Dominicana, controlada por el imputado el miembro del ERD Rafael Sabala Peña. Desde el río Masacre los indocumentados eran trasladados en motores por los imputados Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susana Guzmán, Aquilino y Jesús María Cerda Acosta, usaban motores por ser un transporte rápido y fácil para de evadir los puntos de chequeos del Ejército Nacional Dominicano (ERD). Estos buscaban a los ciudadanos haitianos a la orilla del río Masacre.
Luego continuaban por la carretera Copey-Manzanillo, para ser llevados hacia una pollera y una guardería, y al Repuesto Los Primos, utilizado como centro de acogida de los indocumentados.
El Repuesto Los Primos, era también utilizado por la red como lugar de reunión con los motoristas encargados de trasladar a los indocumentados, que se encontraban en la zona de Copey, provincia Montecristi.
Desde ahí, los ciudadanos haitianos eran trasladados a diferentes lugares del país por los implicados en la estructura criminal.
El imputado Estévez Fortuna, uno de los cabecillas de la red, negociaba el cobro del dinero, la ubicación de otras cuarterías, y coordinaba la recogida y traslado de los indocumentados.
La imputada Edna Joseph, de nacionalidad haitiana, se encargaba de cobrar y de llevar a los extranjeros en los autobuses utilizados por los imputados Elvio José Castillo Martínez, Leonardo Acosta Cruceta y Estévez Fortuna.