El Gobierno anunció este lunes el cierre de la frontera y la suspensión de visados para ciudadanos haitianos, subrayando su firme compromiso con la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. Estas medidas se tomaron tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el mandatario Luis Abinader.
La convocatoria del Consejo se centró exclusivamente en la situación en la frontera entre la República Dominicana y Haití, en respuesta al reinicio unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río Masacre y al cierre de la frontera ordenado por el presidente Abinader.
Según información proporcionada por el servicio diplomático dominicano y organismos de investigación estatales, los trabajos en el canal son realizados unilateralmente por particulares, sin el respaldo del gobierno haitiano, que ha expresado en múltiples ocasiones su desacuerdo con el proyecto. Se ha destacado que los promotores de esta obra son empresarios y políticos haitianos con intereses comerciales y que el gobierno de Haití ha admitido su incapacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza estatal.
Esta acción unilateral viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y Haití, y se presume que es impulsada por actores haitianos con el objetivo de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto con la República Dominicana.
Como respuesta a esta situación, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido tomar las siguientes medidas:
- Suspender de manera indefinida la entrada de todas las personas involucradas en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso.
- Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si la situación no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
- Reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
- Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. Este proyecto, cuyo diseño comenzó el año pasado, se estima que llevará unos 30 meses en construirse, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato.
- Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
El Gobierno dominicano ha enfatizado su firme compromiso con la soberanía nacional y la seguridad del país en esta coyuntura.
