El juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez, ha encabezado una audiencia de alto perfil a puerta cerrada para considerar la solicitud de apertura de juicio y medida de coerción contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López. La legisladora enfrenta acusaciones del Ministerio Público por su presunta participación en actividades de lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
La audiencia se llevó a cabo en el Salón Audiencias de la Segunda Sala de la SCJ, con restricciones estrictas de acceso para los medios de comunicación. Ni siquiera los camarógrafos y fotógrafos de prensa tuvieron permitido ingresar para capturar imágenes.
Rosa Amalia Pilarte López llegó a la sede de la SCJ acompañada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, quien supuestamente lidera la red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. Según las alegaciones del Ministerio Público, esta red habría movilizado una suma considerable en el sistema financiero nacional, ascendiendo a más de cuatro billones de pesos.
Antes de ingresar al tribunal, Pilarte López expresó su confianza en que «todo salga bien, como tiene que salir». Rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas como malas interpretaciones y ajenas a su historia personal.
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público incluye una suma de 100 millones de pesos en efectivo, así como presentación periódica y la prohibición de abandonar el país.
El juez Estévez, actuando como juez de instrucción especial de la SCJ, está a cargo del caso debido a la jurisdicción privilegiada de la congresista oficialista.
Según la acusación del Ministerio Público, la diputada Pilarte López es considerada una parte activa en la red de lavado de activos relacionada con el narcotráfico. La red, supuestamente liderada por su esposo Miguel Arturo López Florencio, también involucra a dos de los hijos de la legisladora y a varios cuñados.
Los acusados en este caso incluyen a Micky López, identificado como líder de la red; sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte; así como su cuñada Ada María Pilarte de Inoa y José Antonio Román. Estas mismas personas también representan las empresas presuntamente involucradas en estas actividades, como Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette, entre otras.
