El empresario chino Guo Sen Liang Situ fue condenado a 30 años de prisión por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El acusado fue hallado culpable de asesinar a dos hombres debido a una deuda de 13 millones de pesos que tenía con ellos. El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2016 en un edificio en construcción en el sector Gascue, del Distrito Nacional.
Además de la condena, los jueces ordenaron que el empresario pague una indemnización de RD$75,000,000 a favor de los familiares de las víctimas, como compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el doble asesinato de José de los Remedios Silva Fernández y Héctor Antonio Méndez Gutiérrez.
El tribunal, conformado por los magistrados Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez, tomó esta decisión luego de evaluar de manera positiva las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por el fiscal investigador y las fiscales litigantes. Estas pruebas demostraron la responsabilidad penal del extranjero en los hechos.
Según el expediente presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional, el acusado citó a las víctimas para entregarles un cheque de RD$3 millones como adelanto de la deuda de RD$13 millones que tenía por préstamos para apuestas de juego en casinos. Sin embargo, al llegar al lugar de la cita, fueron recibidos por el acusado y varios haitianos, quienes los golpearon sin mediar palabras, causándoles la muerte. Posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en uno de los hoyos del parqueo soterrado del edificio en construcción.
Los cuerpos sin vida de José de los Remedios Silva Fernández y Héctor Antonio Méndez Gutiérrez fueron descubiertos después de una intensa búsqueda realizada por sus familiares, quienes recibieron información sobre la ubicación de la yipeta Mitsubishi Montero de Héctor Antonio Méndez estacionada frente al edificio en construcción propiedad del acusado.
Tras cometer el crimen, el empresario chino huyó y se refugió en los Estados Unidos. Sin embargo, después de permanecer tres años y siete meses prófugo de la justicia dominicana, fue deportado al país.
El caso fue calificado por la Fiscalía del Distrito Nacional como «Asociación de malhechores y asesinato», delitos contemplados en el Código Penal Dominicano y en la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
