Tres relatores especiales de las Naciones Unidas han expresado su rechazo a la reciente renovación del régimen de excepción en El Salvador, impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 como medida para combatir a las pandillas. En un comunicado, los relatores especiales Margaret Satterthwaite, Fionnuala Ni Aoláin y Morris Tidball-Binz han instado al gobierno salvadoreño a derogar de inmediato esta medida.
Este pronunciamiento se suma a las críticas realizadas por organismos internacionales contra el régimen implementado en el país centroamericano, que fue prorrogado por decimocuarta ocasión la semana pasada. Los relatores de la ONU señalaron que, si bien el estado de excepción fue declarado tras una serie de asesinatos relacionados con pandillas, el gobierno no puede sacrificar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública.
El estado de excepción aprobado por el Congreso unicameral suspende diversos derechos constitucionales, incluyendo el derecho a ser informado sobre los motivos de la detención y a contar con la asistencia de un abogado. Además, amplía el plazo de detención preventiva de 72 horas a 15 días y otorga a las autoridades la facultad de intervenir la correspondencia y los teléfonos celulares de personas consideradas sospechosas.
Según cifras oficiales, más de 68,000 presuntos pandilleros o colaboradores han sido capturados en el marco de este régimen, pero más del 90% de ellos están en detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, también se han registrado más de 5,000 liberaciones debido a la falta de pruebas que los vinculen con estructuras criminales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y en los centros penales durante la implementación de este régimen. Los expertos de la ONU han recibido información que indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.
