El Supremo Tribunal de Brasil ordenó al ex presidente Jair Bolsonaro que declare ante la policía federal en un plazo de 10 días sobre el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero, según un documento al que tuvo acceso Reuters este viernes.
Fallando a favor de una solicitud presentada por los fiscales, el juez Alexandre de Moraes dijo que el testimonio de Bolsonaro era “una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”.
Los partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron destrozos en el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo del país el 8 de enero para pedir una intervención militar con fines de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el poder una semana antes.
Bolsonaro, que estuvo tres meses en Estados Unidos tras su derrota, regresó a Brasil en marzo, pero se enfrenta a investigaciones judiciales centradas en sus ataques contra el sistema de votación de Brasil y su presunto papel en alentar a sus partidarios a llevar a cabo los disturbios en Brasilia el 8 de enero.
Por otro lado, el máximo tribunal brasileño programó para la próxima semana el juicio contra 100 personas acusadas de invadir las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En un comunicado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó el juicio virtual entre el 18 y 24 de abril para el análisis de las denuncias presentadas contra una centena de personas, que serán representadas por sus abogados de defensa.
El juicio, que se realizará mediante una sesión virtual extraordinaria convocada por la magistrada Rosa Weber, presidenta de la máxima corte de Justicia del país, determinará si caben acciones penales contra los 100 acusados.
“En caso de que las denuncias sean aceptadas”, los acusados “se tornarán reos” y el proceso judicial será “iniciado”, con análisis de pruebas y declaraciones de testigos de defensa y acusación, en una fase posterior del juicio “sin plazo específico”, precisó el STF.
Los 100 acusados forman parte de las 294 personas que permanecen detenidas por los actos golpistas de enero.
En marzo pasado, el magistrado Alexandre de Moraes, del STF, “finalizó el análisis de todos los pedidos de libertad” presentados por la defensa de los detenidos y liberó a 129 personas porque “no presentan riesgos para el proceso y la sociedad”.
No obstante, siguen respondiendo ante la Justicia por diferentes delitos, entre ellos “incitación al crimen y asociación criminal” y serán impedidos de salir de su comarca, utilizar redes sociales y sus pasaportes les fueron retenidos, entre otras medidas impuestas.
En la decisión, que liberó a esos 129 detenidos que seguirán respondiendo ante la Justicia con medidas cautelares y el uso de tobilleras electrónicas de monitorización, el magistrado negó la libertad condicional de 294 personas.
De acuerdo con el STF, la Policía Federal detuvo a 2.151 personas, de las cuales 745 fueron liberadas inmediatamente por tratarse de ancianos, personas con deficiencia y mujeres con niños menores de 12 años.
De los 1.406 que continuaron detenidos la mayoría fue liberada progresivamente en diferentes decisiones del magistrado, restando 263 que seguirán arrestados y a los que se suman otros 31 capturados en operativos posteriores relacionados a las investigaciones.
De esas 294 personas que siguen detenidas, 86 son mujeres y 208 hombres.
