El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha anunciado que se aplicará estrictamente la ley antiinmigrante SB 1718, la cual establece que Florida no reconocerá las licencias de conducir emitidas en otros estados a indocumentados.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que aquellos que se encuentren ilegalmente en el país y hayan violado las leyes no deberían poseer una identificación emitida por el gobierno que les permita acceder a servicios financiados por el estado y otros privilegios otorgados a los residentes legales.
La SB 1718 prohíbe la emisión de licencias de conducir a personas que no puedan demostrar presencia legal en los Estados Unidos y especifica que las licencias de conducir de otros estados emitidas exclusivamente a extranjeros ilegales no son válidas en Florida.
Según el comunicado, las licencias emitidas a indocumentados en los estados de Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont ya no serán válidas en Florida.
La aplicación de la SB 1718 respalda los objetivos de mejorar la seguridad nacional y prevenir la actividad delictiva, según el director ejecutivo de FLHSMV, Dave Kerner. Por su parte, el coronel de la Patrulla de Carreteras de Florida, Gary Howze II, afirmó que al cumplir con la disposición sobre las licencias de conducir, el estado se asegura de que las personas sean quienes dicen ser y puedan disfrutar de todo lo que Florida tiene para ofrecer.
Cabe destacar que la lista de licencias que no son válidas en Florida está sujeta a cambios a través de actualizaciones periódicas debido a la revisión de los requisitos de emisión de licencias de conducir en otros estados.
La SB 1718 es considerada una de las leyes más estrictas de los Estados Unidos en cuanto a inmigración irregular y fue impulsada por el gobernador DeSantis, quien busca ser el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2024. Esta ley ha sido objeto de una demanda por parte de organizaciones civiles y criminaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado al país sin inspección federal. Además, obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar un programa oficial de verificación del estatus migratorio, bajo pena de multas y pérdida de la licencia.