Las autoridades de Panamá elevaron a 40 la cifra de muertos, entre ellos niños, en el accidente de un autobús que llevaba este miércoles migrantes irregulares hacia un albergue situado cerca de la frontera con Costa Rica.
En el accidente, ocurrido alrededor de las 04.00 hora local (09.00 GMT) en Gualaca, un área de la provincia occidental de Chiriquí situada a unos 450 kilómetros de la capital panameña, resultaron heridas más de 20 personas, según las autoridades.
Una fuente del Ministerio Público (MP, Fiscalía) dijo a EFE que uno de los lesionados murió cuando era atendido en un hospital, subiendo a 40 la cifra de víctimas fatales en el accidente.
Entre los heridos hay una decena de niños de entre 5 y 11 años, tres de los cuales se encontraban en condición crítica en el hospital infantil de la ciudad de David, capital de Chiriquí, según explicó el director médico de la institución, Johny Parra.
La especialista de protección en emergencias de Unicef, Diana Romero, dijo a EFE que el ente de la ONU lamentaba «profundamente» este accidente «que involucra a varios niños y niñas que apenas hace unas horas estábamos atendiendo en Darién», la provincia panameña fronteriza con Colombia por donde llegan miles de migrantes irregulares de todo el mundo que viajan hacia Estados Unidos.
En otro hospital de la ciudad de David se encontraban 23 heridos, una docena de los cuales estaba en condición grave en unidades de cuidados intensivos, dijeron fuentes médicas.
Las autoridades de Panamá no han informado públicamente de la edad ni nacionalidad de los fallecidos, que se presume sean en su mayoría migrantes en tránsito hacia Norteamérica.
La subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Saravia, dijo en una conferencia de prensa que entre los fallecidos hay niños – viajaban 20 menores en el autobús – así como un ciudadano panameño que era uno de los dos conductores.
Saravia precisó que en el autobus viajaban «66 personas no nacionales» de Panamá. Se limitó a decir que dentro del listado había ciudadanos africanos y de países de Suramérica como Brasil y Ecuador, y que el Ministerio de Exteriores se está comunicando con los distintos gobiernos.
La Cancillería de Cuba confirmó este miércoles, sin precisar el número, que hay ciudadanos de la isla entre los muertos, mientras que el gobierno de Colombia expresó «sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, colombianas y de varios países hermanos».
Por su parte, la Embajada de Ecuador en Panamá dijo que en el autobús viajaban 22 nacionales de ese país y que había pedido información a las autoridades panameñas sobre su estado.
De acuerdo con la versión disponible y que es verificada por las autoridades, el conductor del autobús se pasó la entrada del albergue de Gualaca y al dar la vuelta perdió el control del vehículo, chocó al menos con un objeto fijo, y se precipitó por un barranco.
El autobús quedó destrozado, sin techo y con las sillas desperdigadas por el piso. La Fiscalía panameña informó de que había cuerpos desmembrados. Este es el peor accidente de este tipo registrado en Panamá en más de 50 años.
Saravia recalcó que este «lamentable» accidente ha tenido lugar en el contexto de crisis migratoria regional: en el 2022 la cifra inédita de 248.284 viajeros irregulares llegaron a Panamá tras recorrer varios países suramericanos y cruzar la jungla del Darién, y más de 37.000 en lo que va de año.
«Es un movimiento constante (…) con la operación ‘flujo controlado’, Panamá ha trasladado a más de 500.000 personas en contexto de movilidad internacional, las ha tutelado y dado la asistencia humanitaria dentro de sus posibilidades», agregó.
Panamá recibe a los migrantes irregulares que cruzan la selva en estaciones donde toman sus datos biométricos y les ofrece asistencia de salud y alimentación, tras lo cual son trasladados en autobuses hacia la frontera con Costa Rica para que sigan su camino.
Activistas han denunciado el hacinamiento en las estaciones migratorias, y un reciente informe de expertos independientes y relatorías especiales de la ONU habló de denuncias de supuesto abusos, incluidos sexuales, contra los migrantes por parte de funcionarios panameños, lo que hasta ahora han negado las autoridades.