El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 311-23, en el cual se conceden 3,139 pensiones a servidores educativos que han prestado servicios en el Ministerio de Educación. Esta medida se basa en las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 66-97, General de Educación, que designa al Ministerio de Educación como responsable de las políticas educativas y la asignación presupuestaria para cubrir las jubilaciones del personal docente mencionado.
El decreto también instruye al Ministerio de Educación a implementar de manera progresiva medidas para mejorar las condiciones de vida de los docentes jubilados de acuerdo con estas disposiciones. Además, se solicita al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial coordinar y aplicar las disposiciones administrativas correspondientes para llevar a cabo las jubilaciones establecidas en el decreto.
Asimismo, se ordena a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación tomar las medidas necesarias para la ejecución del presente decreto.
El decreto destaca que, de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución de la República, la seguridad social es un derecho económico y social, y el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo progresivo de la seguridad social para garantizar el acceso universal a una protección adecuada en casos de enfermedad, discapacidad, desempleo y vejez. Además, el artículo 63, numeral 5, reconoce la responsabilidad del Estado de fomentar la profesionalización, estabilidad y dignificación de los docentes.